BANCOR SE RETIRA DE PUNILLA Y DEJA UNA PREGUNTA INCÓMODA: ¿A QUIÉN LE PRESTA SERVICIOS EL BANCO DE CÓRDOBA?
Crece el malestar entre intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla frente a la decisión del Banco de Córdoba de avanzar con el cierre de sucursales y la quita de cajeros automáticos en distintas localidades de la región. La medida afecta de lleno a ciudades turísticas como Capilla del Monte, Tanti, Bialet Massé, Santa María de Punilla y Huerta Grande, y ya generó un fuerte debate en el ámbito de la Comunidad Regional.
Según trascendió, la determinación responde a una política definida por el directorio de Bancor, que viene impulsando una reducción de su presencia territorial en el interior provincial. De hecho, desde la propia entidad reconocieron que se están cerrando numerosas sucursales en todo Punilla como parte de este proceso.
El caso de Tanti resulta particularmente ilustrativo. Allí, la Municipalidad no solo presta el local donde funciona la sucursal, sino que además se hace cargo de los costos adicionales y del servicio de limpieza. Aun así, Bancor manifestó su intención de retirarse del lugar y ofreció, como única alternativa, dejar un cajero automático a un costo de 1.700 dólares mensuales, un monto que debería afrontar el municipio.
La situación se repite en otras localidades, donde el banco propuso mantener cajeros o centros de pago únicamente a cambio del pago de un canon en dólares, trasladando el costo del servicio a gobiernos locales que ya enfrentan serias restricciones presupuestarias.
Ante este escenario, los intendentes recurrieron al Gobierno provincial y analizan realizar una presentación conjunta para exigir que se revea la medida, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendría tanto en la vida cotidiana de los vecinos como en la actividad turística, principal motor económico de la región.
Desde Bancor, el director comercial Claudio Monetto sostuvo que los cajeros automáticos y centros de pago “no son rentables” en algunos puntos de la provincia y justificó la decisión en una “reestructuración del sistema financiero” y en el avance de la digitalización de las operaciones bancarias. Según explicó, los costos de mantenimiento serían elevados frente a una baja transaccionalidad.
Sin embargo, la situación deja planteada una pregunta que atraviesa a todas las comunidades afectadas:
¿a quién le presta servicios el Banco de Córdoba?
¿A la lógica estricta de la rentabilidad o a los pueblos y ciudades de la provincia que, en muchos casos, sostienen con recursos propios la presencia del banco?
Tratándose de una entidad pública, resulta inevitable el interrogante de fondo:
¿no debería Bancor estar al servicio de los cordobeses y las cordobesas, garantizando el acceso a servicios financieros básicos, incluso allí donde el negocio no cierre en términos estrictamente económicos?
